Legislación

la LISMI

La LISMI (ley de integración social de los minusválidos ) es la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, que establece, en su artículo 38.1 que todas las Las Empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos superior a los 50 trabajadores " vendrán obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al dos por ciento de la plantilla”

las medidas alternativas

A raíz de los incumplimientos de la LISMI, en el año 2000 se crearon las Medidas Alternativas mediante el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero. Cinco años después, un nuevo Real Decreto sobre Medidas Alternativas (Real Decreto 364/2005 de 8 de abril), derogaba el anterior de cara a simplificar su aplicación.

El objetivo de las Medidas Alternativas es que empresas que por razones técnicas, económicas u organizativas no puedan tener trabajadores en plantilla o bien no encuentren trabajadores para cubrir las plazas, puedan cumplir igualmente la ley.

Para ello se crearon cuatro medidas alternativas:

a) Contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo con discapacidad, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.
b) Contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo con discapacidad, para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
c) Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad.
d) Constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo.

Por cada Medida Alternativa existen una serie de cantidades que se deben cumplir por cada trabajador no contratado directamente en plantilla:

  • En el caso de optar por un Centro Especial de Empleo, el importe anual de contratación debe ser, al menos, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos múltiples anual (IPREM) por cada trabajador con discapacidad no contratado.

    *Para el año 2012 son 22.365,42 euros (tres veces el IPREM de 7.455,14 euros).
  • En el caso de las donaciones o actividades de patrocinio, éstas deben corresponder al 1.5 el IPREM anual por cada trabajador con discapacidad discapacitado no contratado.

    *Para el año 2012 son 11.182,71 euros (1,5 veces el IPREM de 7455,14 euros).

El Certificado de Excepcionalidad

Para poder cumplir con la cuota de reserva a través de una Medida Alternativa es necesario que, antes de empezar a cumplir con la Medida Alternativa la empresa solicite un Certificado de Excepcionalidad.

El certificado se consigue por dos motivos:

  1. Cuando no existen demandantes de empleo. En este caso la oficina de empleo pública ante la que se hizo la oferta ha de expedir un documento en que se indique que la oferta está hecha, pero que no hay gente para cumplirla.
  2. Presentando un informe por el que se justifique las razones técnicas, económicas, administrativas que establece la ley para no contratar personas discapacitadas.

El organismo competente para expedir el Certificado de Excepcionalidad es la Consejería de Trabajo del Gobierno Autonómico, aunque esta circunstancia puede variar según la Comunidad Autonómica en la que nos encontremos.

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